
En el mundo corporativo chileno, percibo cómo en los últimos años las conversaciones de directorio hacen pequeños giros o presentan nuevos matices. Uno de ellos es que antes, un asunto técnico, confinado a los equipos de impuestos y enfocado casi exclusivamente en la optimización de costos, hoy es un pilar central de la estrategia de sostenibilidad y de los criterios ESG.
Desde la publicación de la Ley N° 21.713, que incorporó por primera vez al Código Tributario el concepto de “sostenibilidad tributaria”, la gestión fiscal dejó de ser una simple obligación administrativa para convertirse, literalmente, en una categoría jurídica que mide el compromiso real de una empresa con el entorno en el que opera.
Es que vivimos una realidad ineludible: el escrutinio de los reguladores, de la sociedad civil y de los inversionistas institucionales, desde las AFP hasta los fondos que operan en la Bolsa de Santiago, se ha intensificado. El mercado de capitales ya no es un espectador pasivo ante las políticas corporativas. Hoy, ya no solo se mira el beneficio neto, sino factores como el nivel de tributación efectiva, la brecha entre el tipo efectivo y el nominal, o la coherencia entre los impuestos pagados y la actividad económica real.
Transparencia tributaria
En este contexto, la transparencia tributaria se consolida como una de las principales palancas para construir y proteger la reputación corporativa. Existe una demanda ciudadana y de los stakeholders por entender no solo cuánto pagan las organizaciones, sino también dónde y por qué lo hacen. Y cuando los datos públicos no guardan relación clara con los resultados financieros declarados, se abre una brecha de desconfianza que debilita la posición de cualquier compañía en el mercado.
En Chile, esta exigencia ya tiene rostro institucional. El SII administra hoy un Registro de Transparencia Tributaria y, mediante las Resoluciones Ex. N° 70, 71 y 72 de 2025, reguló la forma en que un contribuyente puede obtener una certificación anual de sostenibilidad tributaria, emitida por entidades certificadoras independientes (ECI) inscritas ante el propio Servicio, o suscribir Acuerdos de Cooperación con Grupos Empresariales (ACGE), que reconocen una relación de colaboración temprana con el fiscalizador. Así es como he constatado que varias organizaciones líderes están yendo un paso más allá y transforman esta certificación en un ejercicio voluntario que alinea su conducta tributaria con el propósito de la compañía y las expectativas de sus accionistas.
Tax compliance y Marco de Control Fiscal
Para materializar esta transparencia de manera segura y sostenible en el tiempo, la implementación de modelos robustos de compliance, y específicamente de tax compliance, es fundamental. El propio SII formalizó el concepto de Marco de Control Fiscal (MCF), extensión del sistema de control interno orientada a identificar, evaluar y mitigar los riesgos fiscales mediante una matriz de riesgos tributarios. Un sistema de cumplimiento robusto, además, actúa como un escudo protector de valor en el largo plazo, reduciendo la exposición a litigios, controversias o interpretaciones sobre prácticas de planificación que puedan ser consideradas agresivas por el mercado.
El cierre del círculo llegó desde el regulador del mercado de capitales:
Con la Norma de Carácter General N° 519 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que modificó la histórica NCG 461, Chile se convirtió en una de las primeras jurisdicciones de América Latina en hacer obligatoria la adopción de los estándares IFRS S1 y S2 del ISSB. Desde el ejercicio 2026, con reporte en 2027, los emisores fiscalizados por la CMF deberán incorporar esta información dentro de su Memoria Anual Integrada, presentada junto con los estados financieros auditados. Así, la conducta tributaria de una empresa chilena ya no vive en un compartimento separado del reporte de sostenibilidad: y el SII y CMF convergen hacia una misma exigencia de trazabilidad y materialidad.
La integración definitiva del área tributaria con las áreas financiera y de sostenibilidad es un desafío que las empresas chilenas están abordando a distintas velocidades. Aquellas organizaciones que logren anticipar esta tendencia y dejen de ver los impuestos únicamente como un costo a reducir, mitigarán con éxito sus riesgos financieros y reputacionales. A ponerse al día, entonces, con la “sostenibilidad tributaria”, que consolida nuestra legitimidad social para operar y generar valor a largo plazo.