Los desafíos que se vienen para Chile y su industria en torno a la COP 30

La trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), que se celebrará en Belém, Brasil ya la tenemos encima: se realizará del 10 al 21 de noviembre.

Aunque parezca repetitivo, es un hito de la agenda climática mundial. No solo se discutirá el estado de avance del Acuerdo de París, sino que también se buscará reforzar compromisos y financiamiento en un contexto de creciente urgencia climática y social.

Entre una serie de desafíos relacionados con el multilateralismo y la protección de la Amazonía, la COP 30 considera el fortalecimiento del financiamiento, debiendo lograr que los países aceleren sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C. 

Para Chile y su industria, esto significa diseñar proyectos con estándares internacionales, que puedan captar fondos verdes, y establecer métricas de impacto para demostrar resultados. Lo sabemos, el acceso a financiamiento adecuado es uno de los mayores obstáculos para la acción climática en los países en desarrollo. Existen brechas en la materia y se debe asegurar que los países vulnerables tengan los recursos necesarios para implementar sus planes de mitigación.

Chile ha mostrado avances en la implementación de sus NDC, con progresos notables en la descarbonización de su matriz energética, aunque los desafíos pendientes son mayúsculos: 

Primero, la reducción de emisiones en sectores como el transporte, construcción e industrial está siendo muy lenta; segundo, la alta incorporación de energías renovables requiere una pronta modernización y expansión de la red de transmisión eléctrica para garantizar la seguridad y estabilidad del suministro; y tercero, el cierre de las centrales a carbón impacta en los empleos de las comunidades locales, por lo que sigue siendo un desafío el proceso de "transición justa" para mitigar los efectos socioeconómicos en esas zonas, lo que significa acompañar los cierres con planes de reconversión laboral, apoyo a proveedores locales, diversificación productiva y diálogo social.

Vemos, por lo tanto, que para la industria chilena se hace necesario integrar los criterios ESG y de resiliencia climática en su estrategia corporativa, anticipar regulaciones más estrictas sobre emisiones y transparencia, medir avances en mitigación, adaptación y cadena de suministro y, cómo no, seguir participando en alianzas público-privadas para captar financiamiento y compartir mejores prácticas.

En Grant Thornton Chile, y con base en nuestra experiencia global, nos planteamos como un aliado clave para las organizaciones que buscan generar impacto real, cumplir con las regulaciones emergentes y fortalecer su reputación ante inversionistas, clientes y comunidades. Recordemos, además, que la Ley de Delitos Económicos amplía la responsabilidad de las empresas en la prevención de delitos financieros y ambientales, reforzando la importancia de una gobernanza corporativa sólida. 

La COP 30 en realidad, al igual que las últimas COP, en donde participan 198 Estados y otras partes, constituye un punto de inflexión para el planeta, en donde Chile y su industria tienen tareas por realizar en materia de reforzar compromisos e innovar e invertir en sostenibilidad.       

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